Resumen: La Sala comparte los argumentos de la sentencia impugnada sobre la consideración de la retribución por otras tareas reguladas a los efectos de aplicar el criterio del mínimo coste para el conjunto del sistema del artículo 39.3 de la Ley del Sector Eléctrico. La interpretación conforme con el sentido propio de las palabras utilizadas por el artículo 39.3 LSE implica que el criterio de mínimo coste no puede obviar ninguno de los costes de la actividad de distribución de energía eléctrica que habrá de soportar el sistema, por lo que no cabe la exclusión del coste por otra tareas reguladas. Ello es coherente con el principio que inspira la regulación del sector eléctrico, tal y como se desprende de la exposición de motivos de la LSE que señala que la regulación del sector eléctrico persigue la finalidad de garantizar el suministro de energía eléctrica en los términos que indica (...) y al mínimo coste. La regulación de la retribución de las empresas distribuidoras es muy clara al indicar que la misma está integrada por las sumas de los conceptos de retribución de la inversión, retribución por operación y mantenimiento y retribución por otras tareas reguladas, de forma que cuando el artículo 39.3 de la LSE determina la preferencia del proyecto de distribución siguiendo criterios de mínimo coste para el conjunto del sistema, sin excluir ningún concepto retributivo, habrá de estarse al coste para el sistema sin exclusiones que la norma no hace.
Resumen: Se interpone recurso frente al artículo 16.4 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los consumidores domésticos de energía eléctrica. La Sala en su sentencia 651/2923, de 22 de mayo, recaída en el recurso 528/2022, relacionado con el que nos ocupa, sostuvo que el recurso carecía de objeto al haber desaparecido tales normas del mundo jurídico puesto que habían sido modificados tales preceptos por sendos RDL de marzo y mayo de 2022. En el mismo sentido, la Sala, en el presente recurso, estima la falta de competencia para la revisión jurisdiccional. Cita la numerosa jurisprudencia que señala que no es admisible el recurso de casación contra disposiciones con rango de ley. Rechaza la posibilidad de plantear cuestión de inconstitucionalidad y desestima igualmente la argumentación de que los Reales Decretos contienen clausulas de salvaguarda de rango de las disposiciones reglamentarias. No se trata de una previsión legal que degrade el rango de ley de algunos de sus preceptos, sino que tiene por finalidad y único alcance que aquellos preceptos reglamentarios que fueron modificados por esta ley podrán en el futuro ser modificados por una norma reglamentaria. No se produce degradación normativa sino habilitación legal para posteriores regulaciones reglamentarias.
Resumen: Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2021-2026 (PDRTEE). Necesidad de que el PDRTEE sea objeto de evaluación estratégica ordinaria (Ley 21/2013 de evaluación ambiental). Planteamiento de vulneración de la fase de información pública establecida en el art.19.1 de la Ley 21/2013, conclusión: inexistencia de vulneración por no haber consultado de manera específica, en este caso, al Ayuntamiento recurrente. El PDRTEE es un documento de alcance mucho más amplio y general que el de cada uno de los proyectos que se encuadran dentro del mismo y en este supuesto la evaluación ambiental no viene referida a uno o varios proyectos concretos en los que el citado ayuntamiento pueda considerarse directamente concernido.
Resumen: Se plantea en casación si la naturaleza de los procedimientos de compatibilidad que regula el art. 2 de la Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares, deben considerarse integrados en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico o si, por el contrario, son ajenos a la misma; todo ello a efectos de determinar el sentido -positivo o negativo- del silencio de la solicitud de compatibilidad. El artículo 2 de la Ley 17/2013 estableció un procedimiento para que las instalaciones de producción de energía eléctrica, o la renovación de las existentes en territorios insulares y extrapeninsulares pudieran ser declaradas compatibles con los criterios técnicos. Para tener derecho al régimen retributivo adicional destinado a la actividad de producción en dichos territorios es necesario la autorización de resolución favorable de la Dirección General de Política Energética y Minas que determina con carácter previo la compatibilidad. Con posterioridad a la demanda se dictó por la Dirección General declaración de compatibilidad por lo que la Sala estima la carencia de objeto del recurso al haber desaparecido la controversia que giraba en torno a los efectos positivos o negativos del silencio administrativo.
Resumen: La Sala después de recordar que el IVPEE, regulado en la Ley 15/2012 es un impuesto que, según la ley, tiene carácter directo y naturaleza real, y grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en barras de central, y de exponer que su devenir no ha resultado pacífico en la doctrina jurisprudencial que relaciona, analiza el precepto que regula el hecho imponible (único aspecto combatido) y de su interpretación literal deduce, en ningún caso, que para la realización del hecho imponible sea necesario el uso de un alternador, ya que el hecho imponible viene constituido por la producción de la energía eléctrica que se incorpora al sistema, y la referencia a "barras de central" se utiliza como simple unidad de medida que se corresponde con la "energía medida en bornes de alternador". Y la misma conclusión obtiene de una interpretación sistemática o finalista, y es que el hecho imponible es la producción de la energía eléctrica y su incorporación al sistema eléctrico. Si la norma hubiese querido excluir del hecho imponible a las empresas que no utilicen alternador lo habría establecido expresamente, cosa que no se ha hecho.
Resumen: La Sala después de recordar que el IVPEE, regulado en la Ley 15/2012 es un impuesto que, según la ley, tiene carácter directo y naturaleza real, y grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en barras de central, y de exponer que su devenir no ha resultado pacífico en la doctrina jurisprudencial que relaciona, analiza el precepto que regula el hecho imponible (único aspecto combatido) y de su interpretación literal deduce, en ningún caso, que para la realización del hecho imponible sea necesario el uso de un alternador, ya que el hecho imponible viene constituido por la producción de la energía eléctrica que se incorpora al sistema, y la referencia a "barras de central" se utiliza como simple unidad de medida que se corresponde con la "energía medida en bornes de alternador". Y la misma conclusión obtiene de una interpretación sistemática o finalista, y es que el hecho imponible es la producción de la energía eléctrica y su incorporación al sistema eléctrico. Si la norma hubiese querido excluir del hecho imponible a las empresas que no utilicen alternador lo habría establecido expresamente, cosa que no se ha hecho.
Resumen: La Sala después de recordar que el IVPEE, regulado en la Ley 15/2012 es un impuesto que, según la ley, tiene carácter directo y naturaleza real, y grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en barras de central, y de exponer que su devenir no ha resultado pacífico en la doctrina jurisprudencial que relaciona, analiza el precepto que regula el hecho imponible (único aspecto combatido) y de su interpretación literal deduce, en ningún caso, que para la realización del hecho imponible sea necesario el uso de un alternador, ya que el hecho imponible viene constituido por la producción de la energía eléctrica que se incorpora al sistema, y la referencia a "barras de central" se utiliza como simple unidad de medida que se corresponde con la "energía medida en bornes de alternador". Y la misma conclusión obtiene de una interpretación sistemática o finalista, y es que el hecho imponible es la producción de la energía eléctrica y su incorporación al sistema eléctrico. Si la norma hubiese querido excluir del hecho imponible a las empresas que no utilicen alternador lo habría establecido expresamente, cosa que no se ha hecho.
Resumen: La Sala después de recordar que el IVPEE, regulado en la Ley 15/2012 es un impuesto que, según la ley, tiene carácter directo y naturaleza real, y grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en barras de central, y de exponer que su devenir no ha resultado pacífico en la doctrina jurisprudencial que relaciona, analiza el precepto que regula el hecho imponible (único aspecto combatido) y de su interpretación literal deduce, en ningún caso, que para la realización del hecho imponible sea necesario el uso de un alternador, ya que el hecho imponible viene constituido por la producción de la energía eléctrica que se incorpora al sistema, y la referencia a "barras de central" se utiliza como simple unidad de medida que se corresponde con la "energía medida en bornes de alternador". Y la misma conclusión obtiene de una interpretación sistemática o finalista, y es que el hecho imponible es la producción de la energía eléctrica y su incorporación al sistema eléctrico. Si la norma hubiese querido excluir del hecho imponible a las empresas que no utilicen alternador lo habría establecido expresamente, cosa que no se ha hecho.
Resumen: La Sala después de recordar que el IVPEE, regulado en la Ley 15/2012 es un impuesto que, según la ley, tiene carácter directo y naturaleza real, y grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en barras de central, y de exponer que su devenir no ha resultado pacífico en la doctrina jurisprudencial que relaciona, analiza el precepto que regula el hecho imponible (único aspecto combatido) y de su interpretación literal deduce, en ningún caso, que para la realización del hecho imponible sea necesario el uso de un alternador, ya que el hecho imponible viene constituido por la producción de la energía eléctrica que se incorpora al sistema, y la referencia a "barras de central" se utiliza como simple unidad de medida que se corresponde con la "energía medida en bornes de alternador". Y la misma conclusión obtiene de una interpretación sistemática o finalista, y es que el hecho imponible es la producción de la energía eléctrica y su incorporación al sistema eléctrico. Si la norma hubiese querido excluir del hecho imponible a las empresas que no utilicen alternador lo habría establecido expresamente, cosa que no se ha hecho.
Resumen: La Sala después de recordar que el IVPEE, regulado en la Ley 15/2012 es un impuesto que, según la ley, tiene carácter directo y naturaleza real, y grava la realización de actividades de producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica medida en barras de central, y de exponer que su devenir no ha resultado pacífico en la doctrina jurisprudencial que relaciona, analiza el precepto que regula el hecho imponible (único aspecto combatido) y de su interpretación literal deduce, en ningún caso, que para la realización del hecho imponible sea necesario el uso de un alternador, ya que el hecho imponible viene constituido por la producción de la energía eléctrica que se incorpora al sistema, y la referencia a "barras de central" se utiliza como simple unidad de medida que se corresponde con la "energía medida en bornes de alternador". Y la misma conclusión obtiene de una interpretación sistemática o finalista, y es que el hecho imponible es la producción de la energía eléctrica y su incorporación al sistema eléctrico. Si la norma hubiese querido excluir del hecho imponible a las empresas que no utilicen alternador lo habría establecido expresamente, cosa que no se ha hecho.
